LA FIRMA ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y FAMILIAR

LA FIRMA ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y FAMILIAR

El Grupo Consultores Jurídicos Ramírez García/Juárez & Asociados, es un bufete de abogados que le ayudarán a resolver, los actos y resoluciones administrativas que emitan los órganos de la administración pública federal, estatal y municipal que violenten los derechos humanos de los afectados.

Quienes se desempeñan en el ámbito empresarial y en el servicio público requieren con mayor frecuencia de la asesoría de abogados especialistas en derecho administrativo para la atención y solución de las problemáticas derivadas de la actuación de los órganos de la administración pública, sobretodo, porque cada vez se hace más necesario que los particulares pugnen por una sujeción efectiva de los entes administrativos a su marco normativo y el necesario reforzamiento y perfeccionamiento del control contencioso administrativo sobre su actividad.

En este contexto, los abogados de Grupo Consultor, dirigidos por el abogado Proseso Ramírez quien habló con LIDER de los asuntos atendidos por este grupo de consultores jurídicos, quien los sitúa en tres tópicos: la responsabilidad patrimonial del estado, los procedimientos administrativos y las contrataciones públicas.

MATERIA ADMINISTRATIVA: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

En esta rama del derecho, Proseso Ramírez puso énfasis en que durante mucho tiempo se consideró que el Estado era intocable e inmune, en pocas palabras, que no podía ser sentado en el banquillo de los acusados. Sin embargo, recordó que, a partir del año 2002, se añadió un párrafo al artículo 113 de la Constitución Política mexicana, que incluyó como principio fundamental la responsabilidad patrimonial del Estado, lo que significa que cualquier persona afectada por la actividad administrativa irregular del Estado puede iniciar de manera directa ante el órgano causante del daño, un procedimiento de reclamación de indemnización integral por las afectaciones personales y morales.

En este sentido, detalló que algunos de los asuntos que han patrocinado son: la reclamación de indemnización por la actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social del Estado (IMSS o ISSSTE) que causa un daño a los bienes o derechos de los pacientes, sea por el incumplimiento de las prescripciones de la ciencia médica, es decir, por no sujetarse a las técnicas médicas o científicas exigibles para sus servidores públicos -lex artis ad hoc-, o al deber de actuar con la diligencia que exige la lex artis.

Cabe destacar que este tema es poco desarrollado por los abogados de nuestro país, tal vez por la complejidad técnica y el ejercicio intelectual que requiere la instauración de este tipo de procedimientos, pero que, en otros, como lo es Estados Unidos, ha sido ampliamente abordado y, en varios casos, permitió impulsar a los grandes despachos de abogados que actualmente tienen éxito en el gremio.

ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL EN PROCEDIMIENTOS

En cuanto hace a la práctica del derecho administrativo, enfatizó que la práctica les ha permitido darse cuenta de que muchas autoridades -sobre todo las fiscalizadoras-, instruyen procedimientos de investigación, revisión o fiscalización con la firme convicción de sancionar a como dé lugar al particular, más allá de emitir un juicio razonado, imparcial y ponderado sobre la responsabilidad o falta que se le atribuya, llegando incluso a entorpecer el ejercicio de su derecho a una adecuada defensa jurídica.

Igualmente, explicó que existen diversos actos de autoridades administrativas que se emiten sin que les preceda algún procedimiento, como es el caso de las multas, diligencias de clausura, cancelación de licencias o permisos, o la falta de respuesta a peticiones o a la gestión de servicios públicos ante las autoridades municipales, pero que no dejan de ser menos lesivos para los intereses del particular, de modo que, ante su ilegalidad, se ve obligado a acudir ante los tribunales para proteger sus derechos.

Por ello es que la experiencia adquirida en diversos ramos del sector público ha aportado el conocimiento y la destreza necesaria para combatir eficientemente este tipo de resoluciones administrativas contando al día de hoy con sentencias favorables en litigios firmes emprendidos en contra de actos del Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Función Pública, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Contraloría General del Estado de Veracruz y organismos de control interno de las Secretarías estatales, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz,  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Ayuntamientos, Fiscalía General del Estado de Veracruz y Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, entre otras.

ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA A PRESTADORES DE SERVICIOS

En la actualidad, los órganos de la administración pública se han visto rebasados por la alta demanda en la prestación de servicios públicos, por lo tanto, para cumplir con sus fines ha recurrido en diversas formas a quienes se desempeñan en el ámbito empresarial; en particular, contrata con estos sujetos para obtener medios materiales o servicios con los que desarrollar su propia actividad (obras, compras, suministros, asistencia técnica), o bien para desarrollar sus servicios públicos (gestión de éstos, obras públicas), pero también para asociar sujetos privado a la actividad propia o como resultado de la regulación y programación de actividades (convenios).

Sin embargo, la incorporación de los particulares en las tareas públicas, como contratistas o proveedores, muchas veces origina conflictos en su interpretación y, especialmente, en su cumplimiento; por lo tanto, en los servicios ofertados a nuestros clientes se encuentra la asesoría jurídica integral a personas físicas y morales que desarrollan contrataciones públicas, además de su defensa jurídica en la tramitación de procedimientos de ejecución y cumplimiento de contratos administrativos. Igualmente, nos hemos posicionado como defensores legales de contratistas o proveedores que se ven en la necesidad de atender algún procedimiento de rescisión o sanción a proveedores, ante lo cual, nuestro objetivo toral es que desde la etapa de instrucción del procedimiento en sede administrativa cimentar las bases para obtener una resolución favorable a los intereses de nuestros clientes.

DERECHO FAMILIAR; SAP, ¿QUÉ ES?

Existe una figura denominada síndrome de alienación parental (S.A.P) representada como un desorden psicopatológico en el cual un infante, denigra e insulta sin justificación alguna, a uno de sus padres; el menor se niega a tener contacto con alguno de ellos, llegando incluso a mentir cuando relata una experiencia de abuso por parte de su progenitor, ya que uno de ellos ha introducido ideas falsas en la mente del hijo programándolo en su contra.

El Grupo Consultores Jurídicos considera que cuando sucede esta hipótesis, que los tribunales familiares deben de abordar el tema con profesionales en ese aspecto, pues existe una clara violación directa e intencionada de las obligaciones más fundamentales, por parte de uno de los progenitores en la mayoría de los casos, aunque en ocasiones los propios familiares del menor, que lo es: la promoción e impulso de una relación positiva y armoniosa entre el hijo y el otro progenitor, derecho protegido hoy en día no solo por nuestra leyes federales y locales, si no por los tratados internacionales, que se conoce como “el interés superior del menor”.

¿Cómo actúan los padres alienadores?

Menosprecian, insultan o desvalorizan al otro progenitor delante del niño, mencionando temas de la pareja que no tienen que ver con el vínculo parental.

Hablan al hijo de los detalles del divorcio cuando el ex-cónyuge no está presente.

No permiten el derecho de convivencia del hijo con el otro progenitor.

Influyen en los niños con mentiras sobre el otro, llegando, incluso, a asustarlos.

Incluyen al entorno familiar y a los amigos en los ataques al otro progenitor.

Subestiman o ridiculizan los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor.

Gratifican y refuerzan los comportamientos despectivos y de rechazo por parte del niño hacia el otro progenitor.

A ese respecto, el abogado recordó que nuestro máximo Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un criterio interesante al respecto en la Novena Época por medio del Séptimo Tribunal  Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXVIII, en julio del año 2008 donde sostienen que: “…El derecho de los padres a convivir con los hijos es imprescriptible y aun cuando pudiera considerarse cierto el distanciamiento prolongado entre el tercero perjudicado y su hija, no menos verídico es que a través de la promoción del incidente de cambio de guarda y custodia provisional de donde derivan los actos reclamados, dicho progenitor tiene la intención de restablecer el vínculo parental que los une, con lo cual, se debe concluir que ello lejos de constituir un perjuicio a la niña, …., contribuiría a su sano desarrollo integral, pues es incontrovertible que los hijos que cuentan con la convivencia de ambos progenitores tienen una mejor calidad de vida…”

ALIENACIÓN O ALECCIONAMIENTO, INCLUIDO EN EL CÓDIGO CIVIL DE VERACRUZ

Al respecto, Proseso Ramírez nombró el Artículo 345 que dice que en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles. En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo el cuidado y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o la resolución judicial.

Además, subrayó que algo muy novedoso es que la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, adicionó -el día 4 de julio del año 2017, pero publicado en apenas el día 23 de noviembre del año 2017-, un párrafo al artículo mencionado ahora para quedar:

“…A la conducta que uno o ambos padres, en proceso de separación o separados, ejerza sobre sus hijas e hijos, con el objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con alguno de ellos, se le llamará manipulación y aleccionamiento parental; derivadas de la utilización de las y los menores en el conflicto parental….”, esto –finalizó-, hay que reconocer que es algo importantísimo en el camino a la solución de “N” número de problemas que hoy en los juzgados en materia familiar se están ventilando.

 

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